La Corporación Chilena de la Madera (CORMA), junto a la Asociación de Pymes Industriales de la Madera (PYMEMAD), la Asociación de Contratistas Forestales (ACOFORAG), la Asociación de propietarios de Bosque Nativo (Aprobosque), propietarios e industriales forestales que desarrollan el E. nitens (ProNitens), la Asociación Chilena de Biomasa (AchBiom) y el Colegio de Ingenieros Forestales (Cifag), calificaron hoy como de la mayor gravedad la serie de atentados incendiarios registrados en las últimos semanas en la Araucanía, a los cuales se sumó esta madrugada otro ataque en Biobío que dejó como saldo preliminar 7 máquinas y camiones quemados, así como el robo de pertenencias a los trabajadores que se encontraban en el sector del Cambucho, comuna de Los Álamos.
A nombre de los gremios del sector forestal, el presidente de CORMA, Juan José Ugarte entrega todo el apoyo y solidaridad a los trabajadores, contratistas forestales, propietarios y sociedad en general, afectados por estos ataques, indicando que “nos alarma y preocupa que haya zonas del país donde se ha vuelto habitual que personas, familias y comunidades en torno al sector forestal, no puedan salir a trabajar tranquilos y vean amenazada su integridad física y fuentes laborales, en situaciones que se reiteran y que constituyen graves afectaciones a las libertades fundamentales de las personas y al normal funcionamiento del estado de derecho”.
El presidente de CORMA, sostuvo que en el caso de las empresas forestales “éstas han cumplido con todo lo que se les ha solicitado: guardias, cámaras y protocolos de seguridad, entrega de evidencias y testigos de los hechos, entre otros, pero ciertamente estas acciones violentistas van más allá porque se trata de desconocidos que llegan en grupo y armados y que no dudan en agredir a quienes se oponen a sus intenciones”.
Los dirigentes gremiales expresaron que “hacemos eco del sentir de los afectados por estos ataques y de la comunidad que ve con preocupación que estos delitos se reiteran en el tiempo, insistimos ante las autoridades judiciales, policiales y gubernamentales en que urge mejorar la investigación de estos hechos de violencia para finalmente dar con los autores y tomar medidas efectivas que garanticen que podamos vivir y trabajar en paz y con seguridad”.