“Nadie está de acuerdo con ese cambio de nombre”, así de enfático es el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz para manifestar la molestia que existe al interior de los gobernadores regionales ante la presentación de la reforma constitucional que reemplazaría a los delegados presidenciales.
Y si bien, existe un consenso casi generalizado entre los gobernadores y parlamentarios que de mantenerse el proyecto tal como ingresó zozobraría y no llegaría a puerto, ya que no se cumple la palabra empeñada por el presidente Boric.
Desde el mundo académico existen visiones dispares sobre esta nueva figura. Una de ellas es Jeanne Simon, de Administración Pública de la UdeC, quien consideró que “el proyecto responde a lo que pedían los y las gobernadoras: la eliminación del delegado presidencial. El problema es que el proyecto no genera mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno”.
Mientras que su par de la USS, Lucas Serrano apuntó a que “es un proyecto algo apurado, poco consensuado con los gobernadores y que apunta a algo doméstico, pero no entra en el tema de fondo, que es el traspaso de competencias. Se hace complejo ver un tema que vaya hacia a ese tema e incluso se puede ver a este proyecto como un retroceso con respecto a la coordinación de la administración pública regional".
¿Intendentes 2.0?
De acuerdo a lo planteado en el texto presentado ante la Cámara de Diputados, son diversas las atribuciones que recibe la nueva figura, pero la discordia apunta a “las labores de coordinación, supervigilancia y fiscalización de las inversiones de cada región”. E incluso, se acusan discordancias con otras normativas que están en debate legislativo en la misma instancia.
Para Lucas Serrano, la nueva figura no puede ser catalogada de esta forma, ya que “los gobernadores pesan bastante en la agenda regional, es cosa de ver como se ha ido comiendo el rol de las seremias y de la propia delegación presidencial. Hay competencias que los Gores piden para un mejor proceso y eso se solapa con la necesidad de tener a alguien que coordine al gobierno central en las regiones”.
En tanto Jeanne Simon cree que “los gobernadores quieren ser como los intendentes de antes: es decir tener un gabinete regional. Veo difícil que el gobierno central cede el poder y presupuesto de los ministerios al gore. Lo que se requiere diversificar los espacios y mecanismos de cooperación y coordinación entre gore y los representantes del gobierno central en la Región”.
Desde el punto político, el gobernador Rodrigo Díaz insistió en que lo presentado no es el compromiso presidencial y “agradecemos que se haya sacado del discurso presidencial, es un error tener dos cabezas a cargo de una región. Que no se haya mencionado da cuenta que podría haber existido un apresuramiento y tenemos un acuerdo para seguir trabajando, y que solo se haya cambiado el nombre es como el gatopardo”.
La integrante de la comisión de Gobierno Interior, diputada Joanna Pérez consideró que “la reforma que mandó el gobierno es más estética que funcional. No se hace cargo de dotar a los Gobiernos Regionales de más autonomía dejando solo la función de recaudación de impuestos y seguridad (a través del SII regional, aduanas u otros y la futura Seremi dependiente del futuro Ministerio de Seguridad Pública), al Gobierno Central, sino que los deja casi iguales que ahora sin fortalecer nada”.
A su vez, el delegado presidencial (s) Humberto Toro insistió en “hay que descentralizar sin centralizar, es necesaria la conexión entre el nivel central y los territorios, por lo que debe existir esa retro alimentación que requiere una conexión, sino deberíamos ser un país federado y no lo somos. El presidente debe tener una retro alimentación en los territorios que las cosas se están haciendo bien”.