La
Comisión de Vivienda también se encuentra analizando la posibilidad que la
iniciativa sea inconstitucional, ello porque enfrenta los derechos públicos y
privados
Publicado el: 30/08/2013
n
tierra derecha se encuentra el debate en general del proyecto, iniciado en
mensaje que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de
afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores. Al interior de la Comisión
de Vivienda y Urbanismo los
parlamentarios están escuchando actores relacionados con el fin de formarse una
opinión.
De acuerdo a lo manifestado por
los integrantes de esta instancia parlamentaria, existiría acuerdo respecto a
aprobar a idea de legislar, pero respecto a su articulado, reconocen la
necesidad de perfeccionarlo de manera de garantizar que los derechos de los
privados no serán mermados en favor de los públicos.
En la última sesión, la
Comisión recibió a representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional,
quienes expusieron las implicancias que tendría una ley de esta naturaleza
pensando la descentralización del país.
Asimismo, en las próximas
semanas, se contará con la presencia del Contralor General de la República,
Ramiro Mendoza, quien solicitó ser invitado para expresar sus puntos de vista
respecto de la propuesta, en segundo trámite, que busca restablecer una antigua
facultad que tenían los municipios de expropiar terrenos.
Los integrantes de la Comisión,
senadores Hosaín Sabag y Eugenio Tuma coincidieron respecto a lo urgente que
resulta velar por el desarrollo armónico de las ciudades y que el gran
planificador urbano deben ser siempre las municipalidades. Asimismo, ambos
abogaron para que los proyectos de uso público no malogren los derechos de
propiedad.
“La declaratorias de utilidad
pública surgieron en 1931, pero el problema que generaron es que muchas
personas no podían por muchísimos años hacer uso de los terrenos porque eran
declarados de uso público. Luego en el gobierno deRicardo Lagos ello se terminó
y hoy se pretende reponer”, explicó el senador Sabag.
Indicó que el debate que se da
al interior de la citada instancia parlamentaria es en qué términos el Estado
debe compensar a los privados por esa declaratoria. Al respecto el senador Tuma
comentó que ello opera una vez que se realiza una tasación del terreno en base
a lo cual el municipio negocia un precio por su uso por determinado tiempo.
“Creemos que este proyecto va
en la línea correcta. Nuestro debate en particular es como resguardar los
intereses de los privados porque el Estado no puede pretender expropiar a costo
cero. Queremos aprobarlo mirando el equilibrio público-privado”, agregó.
Finalmente, aseguró que muchos
terrenos en este proceso se sobrevolaran, por lo que “la creencia que las
declaraciones de utilidad pública generan un perjuicio para los privados, no es
del todo cierta”.
Cabe consignar que en sesiones
anteriores, asistió a la Comisión el ex Ministro de Vivienda, Jaime Ravinet,
quien advirtió respecto a la posibilidad que este proyecto sea
inconstitucional. Al respecto, los senadores están analizando aquello de manera
de resguardar tanto los derechos privados como los públicos.
PROYECTO
La iniciativa plantea que las
porciones de terrenos, de dominio privado, que de acuerdo a los planes
reguladores de los municipios requieren ser declarados de utilidad pública, se
destinarán a calles, avenidas, plazas o parques por motivos de bien común.
Asimismo establece la obligación de que los trazados de las declaraciones sean
precisados por un plan seccional.
A su vez, propone que los
dueños de los terrenos serán compensados considerando los beneficios que
potencialmente podrían recibir por el predio. En aquellos casos donde no exista
esta plusvalía, se plantean compensaciones al predio desde la eliminación de la
declaración hasta la modificación de las condiciones urbanísticas de la porción
del predio no afectado.