Ha pasado un año desde el Caso Convenios y es bueno analizar qué (no) aprendimos y qué (no) hemos hecho a raíz de éste, particularmente porque la cobertura se ha focalizado en las aristas políticas.
Sin
olvidar el deber de buen uso de los recursos públicos y probidad de las
organizaciones, elementos compartidos por una gran mayoría de los casos
expuestos son una débil gestión y un deficiente sistema de gobernanza y
análisis de riesgos. Hay que reconocer que muchas de las operaciones se habrían
evitado con un adecuado gobierno corporativo, ya que se exponían a un riesgo
mayúsculo, y esto debió ser considerado por los ejecutivos y el directorio de
las organizaciones involucradas. Si no se entendieron los riesgos, también
tenemos una falla de gestión. La comisión encargada emitió un informe con
sugerencias útiles, pero el foco se sigue poniendo en ejercer un mayor peso en
la supervisión de las organizaciones, y no en mejorar la gestión del estado y
las organizaciones (por ejemplo, se mantiene la decisión que solo se puedan
rendir boletas de honorarios con la potencial precarización laboral del sector)
¿Por
qué importa? Las fundaciones y corporaciones en Chile son más de 30.000 y una
gran parte adolece de una estabilidad estructural en sus modelos de gestión y
de sostenibilidad, por lo que situación es común en el sector. Por otro lado,
muchas tienen la capacidad de llegar a tiempo, con pertinencia y calidad para
satisfacer demandas sociales urgentes, que no son características ni del Estado
ni de la empresa.
¿Cómo
abordamos este problema? Lidiando con la raíz del asunto: se deben fortalecer
los incentivos a la gestión en estas organizaciones, evitar traspasar labores
hacia ellas que corresponde realizar a donantes y Estado, y establecer
criterios de gestión en la clasificación de éstas para programas y
financiamiento. Los financistas (Estado y privados) deben invertir y enfocarse
en lograr “buenas” fundaciones, y no tan solo en invertir en “buenos” programas
que aporten el último peso posible a los beneficiarios. No se malentienda,
preocuparse de la eficiencia y el impacto de la inversión social es esencial,
pero en el largo plazo temas como la gestión, y el gobierno corporativo de las
instituciones, entre otros, son requisitos esenciales para seguir funcionando y
ejecutando “buenos” programas. Aún más, existe evidencia empírica internacional
que mejoras en gestión en este sector se traducen en promedio en mejores
resultados de los programas, por lo que ambos esfuerzos estarían alineados (ver
serie de trabajos de N. Bloom y coautores).
Estos
cambios requieren de un esfuerzo público y privado, tanto en normativa renovada
como en autorregulación, al mismo tiempo que una mirada desde quienes invierten
y financian programas operados por estas fundaciones. Necesitamos aprender de
estas situaciones porque al final los más perjudicados son los potenciales
beneficiarios de los programas a ejecutar, es decir, personas que son más
vulnerables o con mayor necesidad.