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| FUENTE: latercera.com |
Además,
se solicita declarar como feriado regional el 24 de junio y oficializar la
lengua mapudungún.
La mesa
de trabajo elaboró una serie de propuestas en materia de participación,
reconocimiento y nuevas formas de reparación de los pueblos indígenas.
Uno de
los puntos en que ahondó la instancia fue en la entrega de tierras, para lo
cual propuso una serie de modificaciones al sistema actual. En este sentido, se
destaca la creación de un catastro público de terrenos, “para otorgar mayor
transparencia a los procesos de adjudicación de fondos para tierras indígenas”.
Así, se pide “fortalecer financieramente el fondo de desarrollo de Conadi, que
en la Ley de Presupuesto 2016 alcanza a M$ 8.482.017, en comparación con el fondo
de tierras y agua que contempló un presupuesto de M$ 83.465.776. En este
contexto, se propone que el fondo de desarrollo alcance al menos el 50% de lo
presupuestado para el fondo de tierras y aguas”.
También
se plantean medidas “para entregar mayor transparencia a los procesos de
adjudicación de fondos para tierras”.
En el
ámbito de la cultura, se pide “reconocer que somos una sociedad pluricultural”.
A ello se suman las iniciativas de diseñar e implementar una política regional
de revitalización del mapudungún a través de la oficialización; declarar
feriado regional el 24 de junio como el Día de los Pueblos Indígenas, y hacer
un reconocimiento oficial de la medicina tradicional mapuche. También se
solicita garantizar que los lugares sagrados para la curación sean reconocidos
y protegidos.
En
materia educacional, se propone “incorporar en las Actividades Curriculares de
Libre Elección (Acle) la enseñanza de la cosmovisión mapuche y de la lengua
mapuche a los estudiantes del primer ciclo de educación general básica”.
En el
ámbito político, la instancia sugiere crear una representación política
especial de los pueblos originarios en el Congreso, a lo que se debe sumar un
perdón a las víctimas por parte de la Presidenta de la República.
De
acuerdo al documento, “existen diferentes formas de participación, tales como
cuotas, escaños reservados, redistritajes y umbrales legislativos
diferenciados”. En ese sentido, se señala que “en aras de dicho deber, el
Estado puede establecer medidas correctivas que permitan que todos los grupos
puedan participar en los procesos políticos”.
En la
misma línea, se busca generar un “padrón especial indígena”, que sería
responsabilidad del Servicio Electoral.