Los senadores PPD, Felipe
Harboe, Ximena Ordenes, Pedro Araya y Felipe Harboe, junto a Claudia Dides,
directora de la ONG Miles, presentaron un requerimiento a la Contraloría
solicitando que deje sin efecto los cambios al protocolo de objeción de
conciencia en caso interrupción de embarazo en tres causales.
Esta mañana, el senador
Felipe Harboe, junto a los parlamentario PPD, Guido Girardi, presidente de la
comisión de Salud de la Cámara Alta, Ximena Ordenes, Pedro Araya y la
directora de la ONG Miles, Claudia Dides, acudieron a la Contraloría General de
la República para presentar un requerimiento solicitando al contralor, Jorge Bermúdez
Soto, que “deje sin efecto la Resolución Exenta N° 432, del 22 de marzo de
2018, del ministerio de Salud, que aprueba el “Protocolo para la manifestación
de objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código
Sanitario y deja sin efecto resolución N° 61 Exenta, de 22 de enero de 2018,
publicada en el Diario Oficial N° 42.015, de 23 de marzo de 2018”.
Los argumentos contra la
medida que permitiría a instituciones privadas, pese a recibir recursos del
Estado, abstenerse interrumpir un embarazo en tres causales apelando a la
objeción de conciencia son cuestiones de forma, “improcedencia de la exención
de toma de razón de la resolución referida” y de fondo, “Ilegalidades de que
adolece la resolución recurrida”.
El senador Felipe Harboe
señaló que “es importante haber presentado este requerimiento, pues la verdad
es que hoy, por vía de decreto, se está ampliando la objeción de conciencia a
las instituciones, a personas jurídicas, finalmente a empresas”.
Para Harboe “eso es tremendamente
delicado porque puede generar, particularmente en las mujeres de regiones, una
afectación de su derecho, porque si todas las instituciones de conciencia se
declaran objetoras de conciencia en regiones, puede que no haya disponibilidad
para que ejerzan su derecho, lo que atenta contra el principio de legalidad.
Por eso, hemos recurrido a la Contraloría, para que declare que el nuevo
protocolo no se ajusta a la ley aprobada”.
Tras presentar el
requerimiento, el senador Guido Girardi recordó que esta ley “fue aprobada de
manera mayoritaria por el Congreso y lo que se haca ahora con los cambios en el
reglamento es no reconocer los procedimientos democráticos a través de la
objeción de conciencia que debería ser una situación excepcionalísima”.
El parlamentario afirmó que
“si hay objeción de conciencia en instituciones como la Universidad Católica,
ella debe hacer cargo de derivar a la mujer y garantizar que reciba toda la
atención que corresponde”, al mismo, adelantó
que si el requerimiento
presentado no es acogido, “estamos trabajando en un recurso de protección y
acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta
violación a los derechos de las mujeres chilenas”.
NO BAYPASEAR
A LA DEMOCRACIA
En tanto la senadora Ximena
Ordenes afirmó que “queremos seguir avanzando en derechos sexuales y
reproductivos, las mujeres tenemos derechos a decidir y eso es lo que
garantizaba la ley de despenalización del aborto en tres causales, por eso
estamos solicitando un pronunciamiento a la Contraloría, porque la ley es
expresión de los movimientos de mujeres y no queremos más bypass a la
democracia”.
Por su parte el senador Pedro
Araya señaló que “la decisión política, democrática de la mayoría del Congreso
fue limitar la objeción de conciencia porque es una situación excepcionalísima.
El Tribunal Constitucional ya le abrió un forado al permitir la objeción institucional
y con este reglamento del Minsal obviamente no se está cumpliendo la ley pues
se desnaturaliza el sentido de la objeción de conciencia”.
Araya agregó que “el Congreso
estableció, y el TC lo ratificó, que si la objeción de conciencia institucional
es ejercida por un prestador privado no puede recibir fondos públicos. El
cambio del reglamento hecho por el Minsal extiende la objeción de conciencia a
un límite que no fue discutido en el Parlamento, es decir puso una verdadera
retroexcavadora a los derechos sociales para las mujeres que se conquistaron en
el gobierno de la Presidenta Bachelet”.
COSTOS DE LA
DERIVACIÓN
Claudia Dides, directora de
la ONG Miles, afirmó que “creemos que la objeción de conciencia es personal y
no estamos de acuerdo que sea institucional como falló el TC, creemos que eso
va en desmedro de los derechos humanos de las mujeres porque primero se debe
privilegiar la atención, sobre todo en estas tres causales que son tan
dramáticas”.
Dides agregó que “estamos
esperando que el Minsal, tal como se comprometió la semana pasada con
organizaciones de la sociedad civil, manifieste a través de un instructivo que
los recintos que por objeción de conciencia institucional se nieguen a atender
a las mujeres en estas tres causales deben costear todos los gastos de
derivación”.