FUENTE: latercera.com
Diario Oficial publicó hoy la agenda corta antidelincuencia que entrega nuevas facultades a los fiscales y las policías.

A casi un mes de que el Tribunal Constitucional aprobara el control preventivo de identidad, hoy entró en vigencia en todo el país la llamada agenda corta antidelincuencia que, entre sus puntos polémicos, incluye la entrega de más facultades fiscalizadoras a las policías.

Con la publicación en el Diario Oficial de esta nueva herramienta se obliga a los jueces a no aplicar una pena inferior al mínimo establecido en la ley; se aumentan las penas para los robos cometidos por bandas; los jueces podrán autorizar agentes encubiertos y se da mayor protección a testigos.

Asimismo, se pone en marcha el control preventivo de identidad, que permite a la policía realizarlo de manera aleatoria a mayores de 18 años, en la vía pública, mediante dispositivos electrónicos, huella digital o cédula de identidad. Y también faculta a la policía a ingresar a un domicilio en persecución de un delincuente sorprendido cometiendo un delito, entre otros puntos.

Si bien la nueva normativa entró en vigencia a nivel nacional, hasta hoy Carabineros no contaba con un sistema para conocer cuántos controles preventivos de identidad se realizaron durante la jornada. Pese a ello, fuentes policiales aseguraron que, debido a la movilización estudiantil, se efectuaron cerca de un centenar de fiscalizaciones.

El senador Alberto Espina (RN) aseguró que la puesta en marcha de esta nueva medida “permitirá endurecer la legislación en contra de la delincuencia, particularmente los  ilícitos de robo, reducción de especies, hurto y abigeato, ya que otorga a las policías y fiscales todas las herramientas que solicitaron al Parlamento con el objeto de revertir los altos niveles de impunidad que existen en estos delitos”.


Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD) manifestó que “a contar de hoy los policías y los fiscales cuentan con un conjunto de herramientas que les permite prevenir por un lado, y por el otro, realizar mejores investigaciones en delitos contra la propiedad, que es la principal deuda del sistema”.


 
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