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| FUENTE: latercera.com |
Subsecretario
del Interior, Mahmud Aleuy, indicó que esta decisión se pondrá en marcha
"inmediatamente". La acción civil deberá ser interpuesta por el
Consejo de Defensa del Estado, una vez que se haya dictado una condena.
Una
nueva política de seguridad pública pondrá en marcha la Subsecretaría del
Interior en relación a los menores de edad que participen y sean condenados por
dañar bienes de carácter público como las señaléticas, los vehículos estatales
y municipales, semáforos, paraderos, entre otros. Se trata de que los padres
respondan civilmente por los perjuicios generados por sus hijos.
Esta
decisión es en respuesta a los costos que generan en las distintas
municipalidades y reparticiones estatales tras las marchas o incidentes
relacionados con fechas emblemáticas como el 11 de Septiembre o el Día del
Joven Combatiente que se conmemora el 29 de marzo.
Uno de
los últimos casos que generó preocupación en el gobierno ocurrió el 17 de
diciembre de 2015, cuando un grupo de menores de edad protagonizaron una
persecución en la Ruta 68, lo que generó cerca de $ 70 millones en daños tanto en vehículos de carabineros como en
infraestructura.
El
organismo que tiene la potestad para comenzar las demandas por este tema es el
Consejo de Defensa del Estado (CDE). La Subsecretaría del Interior envió un
oficio el 3 de marzo al organismo solicitando que se pronunciara si era posible
hacer valer la responsabilidad civil de los padres de los menores y bajo qué
requisitos se debería efectuar.
El CDE
entregó su respuesta el 29 de marzo, la que estaba firmada por la abogada jefe
suplente de la División de Defensa Estatal. En este documento, al que accedió
La Tercera, el organismo fija una serie de criterios para llevar adelante las
demandas junto con un análisis de las normas del Código Civil que se deberían
invocar.
En un
primer instante, la Subsecretaría del Interior quería invocar el Artículo 2312
de la normativa, el que señala que “los padres serán siempre responsables de
los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente
provengan de mala educación, o de los
hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. Sin embargo, el CDE en su
respuesta les indicó que se debería usar el artículo 2320 que señala “que toda
persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos
que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es
responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. Según
el organismo, esto se debe que con ese articulado no hay que acreditar la “mala
educación” o “hábitos viciosos” de los menores ante el tribunal. Como ejemplo,
citó el fallo que condenó a los padres de Aaron Vásquez a pagar una indemnización de $ 262 millones a
la familia de la víctima.
Acto
seguido, enumeró los seis requisitos necesarios en caso de entablar la demanda:
que exista una condena y un proceso judicial concluido (ver listado); los daños
sean a bienes públicos; haya documentación que acredite el monto del perjuicio;
no esté prescrito el caso; que existan
bienes de los demandados que permitan ejercer medidas precautorias en caso de
condena (propiedades, vehículos, etc); y que los menores residan en la casa de
sus padres.
Sobre
este tema, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que “esto va
dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es
decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas.
Debe haber un responsable de esos hechos. No se trata necesariamente de
querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a
padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes
públicos”, dijo a La Tercera.
Respecto
sobre cuándo se comenzará a aplicar esta política, Aleuy indicó que
“inmediatamente. Cada vez que se tengan antecedentes de destrucción de bienes
públicos, se perseguirá civilmente a los
responsables de dichos daños”.
Sobre
los alcances de la decisión del Ejecutivo, el vocero de la Coordinadora
Nacional Estudiantes Secundarios (Cones), José Corona, dijo que deja la puerta
abierta “para la represión del movimiento estudiantil. No creo que sea una
medida correcta para acabar con la violencia dentro de las marchas porque el
actuar de Carabineros y la arbitrariedad con la que se manejan, terminarán
condenando a más inocentes que culpables. Muchas veces esos (detenidos) son
estudiantes secundarios, menores de edad, que no tienen que ver y no son
responsables de los destrozos”.