El día lunes 20 de abril la Presidenta Bachelet
presentó el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional
Docente, conocido coloquialmente como proyecto de carrera docente. Las
reacciones no se hicieron esperar. Un día después, el diario El Mercurio en su
influyente editorial central lo alabó como una gran oportunidad para la
educación del país. Luego llegó el turno de La Tercera: el día 25 de abril lo
calificó como “un paso valioso”. Intelectuales de la derecha calificaron el
proyecto como “buenas noticias para la educación” (Silvia Eyzaguirre, del Centro
de Estudios Públicos, CEP) y lo celebraron por el cambio en el mecanismo para
determinar la remuneración docente (María Paz Arzola, de Libertad y
Desarrollo). El ex ministro de Educación del Gobierno de Piñera, Harald Beyer,
asistió a la presentación del proyecto y se sacó una foto que circula en las
redes sociales con el lema “yo estuve en un día histórico para la educación”.
¿Por qué el pensamiento conservador celebra este
proyecto? Primero, por el establecimiento de 5 niveles en los cuales serán
encasillados, de manera progresiva, todos los docentes del país: inicial,
temprano, avanzado, superior y experto. Celebran también la idea de que los
profesores accedan a esos tramos compitiendo de manera individual, a través de
una prueba de conocimiento y una evaluación de “habilidades pedagógicas”. El
conservadurismo y los think tanks neoliberales celebran que el salario del
docente dependa de esta evaluación de desempeño individual. Mal que mal, esto
es parte del “decálogo” del pensamiento neoliberal.
Uno de los gurúes del neoliberalismo chileno,
Milton Friedman, escribió hace casi cincuenta años, en su libro Capitalismo y
Libertad, que el problema de los docentes es que sus salarios “son demasiado
uniformes y rígidos”, debiendo estos estar asociados al mérito individual, lo
que “permitiría que hubiera competencia”. Sin duda, muchos chilenos estarán de
acuerdo con este criterio, pero la porfiada realidad se ha encargado de
mostrarnos (por la experiencia diaria, y por la investigación científica) que
las evaluaciones individuales de desempeño nunca logran medir aquello que
efectivamente nos hace ser mejores o peores trabajadores, que no mejora los
aprendizajes de los estudiantes y que nos obliga a una competencia que quiebra
los ambientes laborales y sólo acarrea más incertidumbre, agobio y, finalmente,
sufrimiento y enfermedades laborales.
Si esto es así para cualquier trabajo, en el
caso de la docencia, un trabajo eminentemente afectivo, colectivo y sustentado
en lo que los investigadores han denominado “propósitos morales” trascendentes,
la competencia individual por el salario resulta claramente un despropósito. La
educación es un acto social y dinámico, que se sustenta en comunidades
educativas, en la construcción de adecuados contextos vinculares para el
intercambio de significados. Eso es lo que casi un siglo de avances en las ciencias
de la educación nos ha enseñado: aprender de manera significativa sólo es
posible cuando existen condiciones colectivas y relacionales para que se
realicen intercambios de significado. La colaboración entre pares a nivel
docente es la única posibilidad de aprender desde la experiencia y entender la
profesión docente como espacio de desarrollo permanente al servicio de un
proyecto educativo. La competencia entre docentes destruye la comunidad.
Aumentará el conocido agobio laboral sometiendo a los profesores y profesoras a
un proceso permanente de evaluación externa. La competencia entre docentes sólo
les sirve a quienes no quieren que en las escuelas se den procesos de
aprendizajes significativos y transformativos.
Ese es el gran cambio que pretende introducir
esta Ley de Carrera Docente en la cotidianidad del trabajo de los profesores y
de las comunidades educativas. En el resto sigue todo igual: se mantiene el
Código del Trabajo para el 46% de los docentes que se desempeñan en el sector
particular subvencionado, que permite a los sostenedores ejercer amenazas y
despidos arbitrarios (aunque legales), los que muchas veces afectan a los
docentes que se sindicalizan, que apoyan las movilizaciones estudiantiles o que
simplemente sacan más la voz. Casi no se modifica la proporción de horas no
lectivas, se mantiene e incluso aumenta la carga de horas de trabajo
administrativo burocrático, se mantiene la cantidad de alumnos por curso, se
mantienen las 1800 horas anuales de clases (más del doble de las 800 horas de
los países de la OCDE) y la usual rigidez del currículo. No existe ningún
aporte a la reflexión sobre la pedagogía que hoy se requiere y no se valora en
lo absoluto la formación continua, al no considerarla como un factor de la
carrera. En definitiva, sólo se aumenta el agobio laboral y la competencia, lo
que redundará en una escasa posibilidad de mejorar la formación de los y las
estudiantes.
Las preguntas que nos hacemos son: ¿qué impide
reconocer el salario digno como un derecho y no a condición de un resultado?
¿No existe otra forma de pensar la política educativa si no es desde los
principios del neoliberalismo? ¿Seguiremos aprobando leyes educativas basadas
en las ideas del mercado y la competencia? Pareciera ser que la explicación
está, una vez más, en que las autoridades han excluido a las y los profesores
del debate.
Rodrigo Cornejo y Miguel Caro
En www.elmostrador.cl