El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Cañete declaró culpable a Wladimir Miranda Durán (20 años) por el delito de
violación con homicidio de una adolescente de 16 años, crimen ocurrido en la
localidad de Huentelolén en enero de 2014. El pronunciamiento se dio a conocer
hoy al concluir el juicio que comenzó el martes 19 de mayo.
“Como representantes de la madre de la víctima sentimos que con la declaración de culpabilidad se ha hecho justicia en este caso. Esperamos que el responsable de este horrendo crimen sea condenado a la máxima pena establecida en nuestra legislación, es decir, presidio perpetuo calificado, tal como lo hemos pedido en el marco de este proceso”, aseguró Alejandro Espinoza, abogado y Director de Fundación Amparo y Justicia, quien junto al presidente de la institución, Ramón Suárez, estuvo presente en las audiencias realizadas en la Región del Bío-Bío.
Tras el asesinato y violación de la niña, la organización asumió la tarea de representar a su madre, tal como lo ha hecho desde hace 17 años en otros casi 40 casos ocurridos en el país, obteniendo en la mayoría de ellos las máximas sentencias. Además de la asesoría jurídica, la Fundación ha acompañado a la familia en su proceso de recuperación, brindándole ayuda psicológica y social.
En el marco del juicio oral, en su calidad de querellantes, Amparo y Justicia invocó tres agravantes: premeditación, alevosía y abuso de confianza, siendo acogida esta última.
Intervención conjunta
Gracias a un convenio suscrito en 2011 entre Fundación Amparo y Justicia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la familia de la víctima ha sido atendida mediante un modelo de intervención conjunta a cargo del Centro de Apoyo a Víctimas de Concepción, acción que tiene como propósito proveer una atención profesional oportuna y de máxima calidad desde el punto de vista psicosocial y legal.
“Valoramos el pronunciamiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, pues creemos que constituye un aporte fundamental en el trabajo de reparación que realizamos con las víctimas indirectas de un delito como éste”, aseguró Deysi Salinas, Coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Concepción de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
“Como representantes de la madre de la víctima sentimos que con la declaración de culpabilidad se ha hecho justicia en este caso. Esperamos que el responsable de este horrendo crimen sea condenado a la máxima pena establecida en nuestra legislación, es decir, presidio perpetuo calificado, tal como lo hemos pedido en el marco de este proceso”, aseguró Alejandro Espinoza, abogado y Director de Fundación Amparo y Justicia, quien junto al presidente de la institución, Ramón Suárez, estuvo presente en las audiencias realizadas en la Región del Bío-Bío.
Tras el asesinato y violación de la niña, la organización asumió la tarea de representar a su madre, tal como lo ha hecho desde hace 17 años en otros casi 40 casos ocurridos en el país, obteniendo en la mayoría de ellos las máximas sentencias. Además de la asesoría jurídica, la Fundación ha acompañado a la familia en su proceso de recuperación, brindándole ayuda psicológica y social.
En el marco del juicio oral, en su calidad de querellantes, Amparo y Justicia invocó tres agravantes: premeditación, alevosía y abuso de confianza, siendo acogida esta última.
Intervención conjunta
Gracias a un convenio suscrito en 2011 entre Fundación Amparo y Justicia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la familia de la víctima ha sido atendida mediante un modelo de intervención conjunta a cargo del Centro de Apoyo a Víctimas de Concepción, acción que tiene como propósito proveer una atención profesional oportuna y de máxima calidad desde el punto de vista psicosocial y legal.
“Valoramos el pronunciamiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, pues creemos que constituye un aporte fundamental en el trabajo de reparación que realizamos con las víctimas indirectas de un delito como éste”, aseguró Deysi Salinas, Coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Concepción de la Subsecretaría de Prevención del Delito.