Recientemente, la empresa estatal china State Grid Corporation compró la distribuidora eléctrica más grande de Chile, CGE, por US$3 mil millones. El año pasado, State Grid ya había adquirido otra de las tres mayores distribuidoras, Chilquinta, en más de US$2 mil millones. Así, la República Popular China controlará el suministro eléctrico de 3,7 millones de hogares chilenos, el 57% del país.

La otra gran distribuidora es Enel, cuyo dueño principal es otro estado, el de Italia. Entre chinos e italianos, distribuirán el 89% de la electricidad de Chile, y de ellos dependerá el suministro del 79% de los hogares.
Además, el 28% de la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, Transelec, ya pertenece a otra estatal china, Southern Power Grid.

Cabe pregunatrse qué está haciendo el Estado de Chile frente a estas materias.

Esta semana, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, expuso ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en una sesión en la cual se abordó el anuncio de compra de la empresa CGE por parte de la compañía china State Grid International Development Limited.

En la sesión, el fiscal confirmó que dicha operación aún no ha sido notificada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que, cuando ello ocurra, será sometida a revisión conforme a los parámetros definidos para el proceso de control de operaciones de concentración que opera en Chile desde junio del 2017, profundizó el regulador.

Riesco explicó que el análisis que le corresponde hacer a la FNE se circunscribe “al ámbito de la libre competencia”, en el sentido de cautelar que este tipo de operaciones “no reduzca sustancialmente la competencia en el mercado”. Por ejemplo, produciendo aumento de precios, exclusión de competidores o aumentando el riesgo de coordinación entre actores de la industria.

Para ello, precisó que cuando la Fiscalía investiga una operación de este tipo no sólo solicita información a los protagonistas de las operaciones, sino también a los demás actores del mercado y a las autoridades del sector involucrado.

El Fiscal explicó también que, en este caso, como en cualquiera que se le presente, la FNE no podría tomar en cuenta aspectos relacionados con asuntos geopolíticos, estratégicos o de seguridad nacional.

Riesco fue claro en indicar que dicho análisis “excede la misión” que tiene encomendada por ley la FNE, que es “defender, promover y resguardar la libre competencia en los mercados”; y porque, además, carece de experiencia en esas materias.

Precedentes

El economista de la Universidad de Concepción recordó que en los 90 se hablaba de estar siendo “reconquistados” por los españoles ya que adquirieron parte importante
de varias “empresas estratégicas”.

Esa “reconquista” duró hasta que la situación económica de los inversionistas cambió y terminaron por liquidar sus inversiones y entregarlas a nuevos inversionistas. ¿Qué ha cambiado? La verdad es que poco. Pero hemos aprendido que lo importante, más que la nacionalidad de los inversionistas, es la regulación de las empresas estratégicas y la motivación de éstos”.

Parés sostuvo que antes no cuestionábamos demasiado la relación entre política y negocios y desconfiábamos menos de las intenciones de los inversionistas extranjeros. “No sé si, en el fondo, ambas cosas hayan cambiado, pero nuestra percepción es diferente. Y la solución es la de siempre: transparencia y participación. Necesitamos entender cuáles son los alcances de cada industria y ponernos de acuerdo en cómo debemos regularlas”.

Por su parte, el gerente general de la CPC Biobío, Ronald Ruf, recordó que Chile es un país abierto a la llegada de capitales extranjeros, “lo que permite tener una mayor desconcentración y amplitud de oferta en el mercado. De hecho, desde hace muchos años los gobiernos chilenos participan y apoyan eventos a través del mundo para captar nuevos capitales, que finalmente ayudan al crecimiento de Chile al bienestar de sus habitantes”. No obstante lo anterior, Ruf dijo que es también deber del Gobierno asegurar que no se produzcan concentraciones de inversión en ciertos sectores de la economía, sobre todo en aquellos que son considerados estratégicos, en que eventualmente se pudieran generar distorsiones que vayan en contra de los intereses de nuestro país. Estos resguardos son también válidos para garantizar los equilibrios de mercado y correcta competencia entre empresas chilenas y extrajeras para operaciones en Chile”.

El gerente general de Asexma Biobío, Alfredo Meneses, dijo lamentar que Chile no tenga una política definida frente al tema, no discrimina entre una u otra inversión extranjera. “Respecto al caso de China, la concentración es bastante brutal en cuanto a la participación de mercado, pero lo más complicado más allá de eso, es que sus directrices son señaladas por un organismo supra corporativo, más allá que sean empresas distintas. Eso complica y obliga a mirar con mucha cautela la inversión en sectores estratégicos como el eléctrico.

 
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