FUENTE: biobiochile.cl |
La Fiscalía
interrogó en calidad de imputado al abogado de Carabineros que acompañó las
primeras declaraciones de los cuatro policías dados de baja y formalizados, por
el homicidio de Camilo Catrillanca.
Se
trata de Cristian Inostroza Quiñiñir, el mismo abogado que viajó junto al
general inspector Cristian Franzani al retén de Pailahueque y luego a la
Fiscalía de Collipulli, pocas horas después del homicidio del comunero Camilo
Catrillanca, el pasado 14 de noviembre.
Fuentes
de Radio Bío Bío, que conocen de la investigación, señalaron que este abogado
fue el que redactó la primera declaración que entregaron los cuatro exmiembros
del GOPE -o “Comando Jungla”- acusados del crimen.
El
documento fue presentado ante la Fiscalía de Collipulli, cinco horas después de
la muerte de Catrillanca. Posteriormente, se comprobó que dicha declaración
resultó ser falsa.
Se
trata de la arista que tiene a cargo el fiscal Jorge Calderara y que investiga
la responsabilidad de distintos funcionarios de Carabineros en el delito de
obstrucción a la investigación.
Esta
línea investigativa se abrió luego que se conociera que un miembro del GOPE
destruyó una tarjeta de memoria de su cámara GoPro.
Tras la
diligencia, el abogado de la familia de Camilo Catrillanca, Nelson Miranda,
indicó que la declaración de Cristian Inostroza, confirma la teoría de que el
alto mando intentó ocultar el crimen.
“En una
hoja que lleva el membrete de Carabineros de Chile, esa declaración no tiene ni
fecha, ni lugar, pero está escrita y ratificada por los funcionarios, por lo
tanto hasta ese momento lo más probable es que se haya estado fraguando esta
gran mentira en que hemos estado involucrados todos, no sólo la familia, sino
que todo el país”, fustigó.
Abogado
de excarabinero entrega nueva versión
En
paralelo con la declaración del abogado Inostroza, este miércoles se conoció
una nueva versión de lo sucedido con la memoria de la cámara que registró el
operativo.
Según
el abogado Javier Jara, defensor del policía dado de baja por la supuesta
destrucción de pruebas, Raúl Ávila, su representado no manipuló la tarjeta
asegurando ahora que no puede confirmar que realmente exista dicho dispositivo.
Recordemos
que Ávila está acusado de haber cortado y botado por el baño la tarjeta de
memoria que supuestamente contenía el registro en primera persona del operativo
donde murió Catrillanca.
“Lo
único que puedo señalar por ahora es que no me consta que en esa tarjeta
hubiera imágenes privadas y adelantar que mi cliente no manipuló la evidencia”,
afirmó a La Tercera.
Esta
nueva versión va en línea con lo que ha señalado el otro imputado, Carlos
Alarcón, en un video grabado con un celular al interior de la comisaría donde
cumple prisión preventiva, registro donde apuntó que fueron obligados a mentir
y que aún faltan antecedentes que deben salir a la luz.
Pero
por otra parte, deja en entredicho la versión entregada por el general director
Hermes Soto en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados,
instancia en la cual apuntó que el argumento expuesto por Ávila para destruir
la tarjeta micro SD que utilizó en el procedimiento, se debía a que contendría
imágenes personales y privadas con su pareja.
“Se le
consulta al funcionario dónde está la tarjeta de esa cámara y él señala en ese
momento que la destruyó y no la tiene porque -según lo que él manifiesta a su
mando superior en ese momento-, había ahí imágenes que lo comprometían en lo
personal y familiar y por eso lo destruyó“, añadió -en su momento- Soto ante la
comisión.
Mientras,
el fiscal que lleva el caso, Jorge Calderara, resolvió decretar secreto en
ciertas piezas de la indagatoria por el homicidio de Catrillanca.
La
decisión se tomó después de las diligencias desplegadas por la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía, tras la declaración de Carlos Alarcón.
El
fiscal hará uso de los 40 días que la ley le faculta para mantener el secreto
en piezas de la carpeta. Esta situación no significa que los periodistas no
puedan informar en la causa, sino que los imputados e intervinientes no tendrán
acceso a determinadas actuaciones, registros o documentos.